29 de diciembre de 2019 Por Andrés Asiain
La
multitudinaria marcha por el agua en la provincia de Mendoza mostró el rotundo rechazo a
la modificación de la ley 7722, que habilita el uso de sustancias tóxicas en la
megaminería. La norma había sido modificada con el aval del oficialismo y de la
oposición, que comparten la idea del desarrollo minero como motor del despegue
de la economía de la región.
Ya desde
hace algunos años, sectores de la dirigencia mendocina creen que la provincia
está perdiendo peso relativo frente a San Juan. La clave de ese retraso
relativo es, desde su punto de vista, la megaminería que hace tiempo se
transformó en un sector económico clave en la vecina provincia. Pero
el pueblo mendocino parece preferir evitar el riesgo de contaminación de sus
recursos hídricos, al aporte de empleo e ingresos que pueda generar la
actividad minera en gran escala.
El debate
en torno a la megaminería en Mendoza pone sobre la mesa un debate más amplio
sobre la tensión entre el desarrollo productivo y su impacto ambiental.
La
visiones desarrollistas tradicionales suelen menospreciar el valor de un
ambiente saludable, y centran su análisis exclusivamente en el impacto en
término de generación de ingresos, empleo o divisas de los diversos
proyectos.
En
contraste, las nuevas visiones del desarrollo basadas en el buen vivir,
consideran vivir en un ambiente sano tan o más relevante que tener un auto o
salir al cine. El hecho de que no tenga un valor de mercado, no le quita valor
en términos de bienestar para la vida. En ese sentido, el impacto ambiental de
los proyectos productivos debe ser tomado en consideración a la hora de evaluar
su conveniencia.
En países
del Tercer Mundo como el nuestro, la cuestión ambiental es relegada en
nombre de la urgencia de generar empleo e ingresos para las mayorías
empobrecidas. Sin embargo, son esas masas marginadas las que sufren la peor
parte de la contaminación ambiental.
Así lo
atestiguan los asentamientos populares sobre basurales y napas contaminadas a
lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo o del Reconquista; los pueblos
fumigados con agro tóxicos, o poblados cuyos ríos contaminados les quitan su
única fuente de subsistencia. Por otro lado, las ganancias de muchos de esos
contaminantes proyectos productivos quedan concentradas en pocas manos y, en
gran medida, son fugadas al extranjero.
En ese
sentido, el debate en torno a las vías del desarrollo debe mediar la
cuestión medioambiental con el impacto económico y distributivo de las
actividades.
Más allá
del absurdo humano de destruir montañas y contaminar ríos para sacar oro y
plata que luego volverá a ser enterrada en la bóveda de una banca
central, es importante saber si esa banca central será el nuestro o el
ajeno.
¿Conviene
destruir la cordillera con cientos de megaproyectos mineros cuyas
divisas serán remitidas por las multinacionales a sus casas matrices? ¿O es
preferible desarrollar 2 o 3 proyectos bajo una dirección nacional que
retenga las divisas y multiplicar el empleo aprovechando ese saldo externo para
movilizar actividades internas que solucionen problemas sociales como la
vivienda?
@AndresAsiain
https://www.pagina12.com.ar/238788-megamineria-de-multinacionales-o-proyectos-mineros-nacionale
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